La decisión del expresidente Donald Trump de federalizar la policía en Washington D.C. ha generado una ola de controversia y ha puesto a prueba el liderazgo de la alcaldesa Muriel Bowser. Esta medida, que se ampara en una provisión del Acta de Autonomía de 1973, otorga al presidente el control del departamento de policía durante una emergencia, algo que Trump ha sido el primero en hacer.
Un poder único sobre la capital
La singular condición de Washington D.C. como sede del gobierno federal, en lugar de formar parte de un estado, confiere al gobierno federal un poder único para gestionarla directamente. Trump también tiene autoridad especial para desplegar la Guardia Nacional en D.C., a diferencia de los gobernadores que tradicionalmente supervisan las movilizaciones en sus estados.
La respuesta de la alcaldesa Bowser
Inicialmente, la alcaldesa Bowser respondió a la medida de Trump describiéndola como "inquietante y sin precedentes", aunque evitando criticar directamente al expresidente. Posteriormente, sugirió que la intervención federal podría ser beneficiosa para la ciudad, indicando que no tenía la autoridad legal para detener los planes de Trump. Sin embargo, adoptó un tono más firme durante una conversación virtual con líderes comunitarios, instando a la comunidad a proteger la autonomía de la ciudad.
Expertos legales señalan que, aunque Trump amenazó con extender su control sobre la policía metropolitana de D.C. a otras ciudades para combatir el crimen y la falta de vivienda, esto no podría replicarse en otros lugares. La clave radica en el estatus único de D.C. como enclave federal.
Limitaciones y desafíos
Si bien el presidente tiene un control significativo sobre la policía y la Guardia Nacional en D.C., tomar el control de todo el gobierno de la ciudad requeriría un cambio en la ley federal, lo cual sería difícil de lograr en el Senado. Además, la Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso de las fuerzas armadas para la aplicación de la ley, lo que explica por qué California presentó una demanda federal contra el despliegue de tropas en Los Ángeles para control migratorio.
La situación en Washington D.C. plantea interrogantes importantes sobre el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los gobiernos locales, y sobre los límites de la autoridad presidencial en situaciones de emergencia.