Tensión entre el Gobierno y Clarín: ¿Libertad de Expresión en Juego?
La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de no renovar las acreditaciones a periodistas del Grupo Clarín en Casa de Gobierno ha desatado una ola de controversia. Esta medida, que impide el acceso libre de los periodistas al edificio gubernamental, ha sido interpretada por muchos como un ataque directo a la libertad de expresión y un intento de silenciar a un medio crítico.
Según fuentes periodísticas, los periodistas de Clarín ahora solo pueden ingresar a Casa de Gobierno para eventos especiales, perdiendo el acceso irrestricto que sí tienen otros medios. Esta situación contrasta con la postura adoptada incluso durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, caracterizado por una fuerte confrontación con el Grupo Clarín, pero que nunca llegó a impedir el acceso de sus periodistas a la Casa Rosada.
Este conflicto se suma a las tensiones previas entre Milei y Clarín. Meses atrás, el presidente amenazó al grupo mediático con impedir la compra de Telefónica por parte de Telecom. Poco después, la Secretaría de Industria y Comercio suspendió la operación, aunque un fallo judicial posterior avaló la compra. Este historial alimenta las sospechas de una posible represalia contra el medio.
La situación plantea interrogantes sobre el respeto a la libertad de prensa durante el gobierno de Milei. ¿Se trata de una estrategia para limitar el escrutinio público o de una simple renegociación de las condiciones de acceso a la información? El tiempo dirá si este episodio marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y los medios de comunicación en Argentina.
Mientras tanto, es importante recordar que la Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos, advirtiendo sobre irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Se señalan la falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores), acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática), violación del principio de “non bis in idem”, ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández, desigualdad en el tratamiento de la prueba, celeridad inusual del proceso, desproporcionalidad de las penas impuestas y exposición mediática parcial y anticipada del caso.
Por otro lado, el Escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) también genera preocupación. Se revelaron audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, en los que denuncia un esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según Spagnuolo, Karina Milei recibiría un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina. Aunque no ha sido formalmente imputada, su nombre y el de Javier Milei han sido vinculados al caso debido a su cercanía con Spagnuolo.