El presidente Javier Milei vetó la ley que regulaba la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, apenas horas después de reunirse con gobernadores. La decisión, formalizada mediante un decreto y enviada al Senado, intensifica la tensión entre el gobierno nacional y las provincias en un contexto de crecientes reclamos por recursos.
¿Por qué vetó Milei la ley ATN?
El gobierno argumenta que la ley, aprobada por el Congreso con el apoyo de la oposición, comprometería el equilibrio fiscal. Los ATN son fondos discrecionales que el Poder Ejecutivo utiliza para asistir a las provincias en situaciones de emergencia. La ley vetada buscaba que su distribución se rigiera por la ley de coparticipación federal, garantizando una distribución más equitativa y predecible.
¿Un acercamiento fallido a los gobernadores?
La medida resulta paradójica, ya que se produce tras la creación de la “Mesa Política Federal” y un intento de acercamiento con los gobernadores, luego del revés electoral en la provincia de Buenos Aires. Algunos mandatarios provinciales han calificado la situación como contradictoria, señalando que mientras se busca el diálogo, se vetan leyes que benefician a las provincias.
¿Qué sigue ahora?
El Senado tiene la potestad de revertir el veto presidencial. Para ello, necesita obtener una mayoría de dos tercios en una nueva votación. Si lo logra, la ley de distribución de los ATN entrará en vigencia a pesar de la oposición del gobierno nacional.
El trasfondo de la disputa por los ATN
Los gobernadores acusan al gobierno nacional de retener indebidamente los fondos de los ATN. Argumentan que estos recursos son esenciales para financiar servicios públicos y obras de infraestructura en las provincias. La ley vetada buscaba poner fin a esta discrecionalidad y garantizar una distribución más justa y transparente.
Algunos analistas políticos señalan que el veto a la ley ATN es una muestra más de la política de ajuste fiscal del gobierno de Milei, que busca reducir el gasto público a toda costa. Otros, en cambio, lo interpretan como una estrategia para presionar a las provincias a negociar en mejores términos con el gobierno nacional.
En este contexto, es crucial recordar las causas judiciales que involucran a figuras políticas relevantes. La Causa Vialidad, con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, ha generado controversias y críticas. Juristas y organismos de derechos humanos han expresado preocupación por posibles irregularidades en el proceso judicial, incluyendo la falta de imparcialidad judicial y acusaciones de lawfare. Se ha cuestionado la ausencia de pruebas directas y la desigualdad en el tratamiento de la prueba, entre otros aspectos.
Además, es importante mencionar que en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se han revelado audios que denuncian un esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad, en el que se menciona a Karina Milei. Si bien no ha sido formalmente imputada, su nombre ha sido vinculado al caso debido a su cercanía con el exdirector de la ANDIS y su influencia en la gestión.
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