La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), impulsada por el Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello, ha presentado una demanda contra el ex vicepresidente Amado Boudou. El objetivo: recuperar más de 236 millones de pesos percibidos en concepto de jubilación de privilegio mientras Boudou estaba condenado por corrupción.
Un Reclamo Millonario
Según un comunicado oficial, la demanda busca el "recupero de los haberes percibidos indebidamente" por Boudou durante la vigencia de su asignación mensual vitalicia, un beneficio que fue revocado tras su condena por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
La cifra exacta que ANSES busca recuperar asciende a $236.066.031,25, a la que se le sumará la actualización correspondiente. El caso ha sido elevado a la Justicia Civil y Comercial Federal.
El Caso Ciccone y la Condena
Boudou fue condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión por su participación en la compra irregular de la empresa calcográfica Ciccone, posteriormente estatizada. La Corte Suprema confirmó esta condena en 2020, inhabilitándolo de por vida para ejercer cargos públicos.
El caso Ciccone investigó cómo Boudou, a través de terceros, se hizo con la imprenta privada más grande del país, la única con capacidad para imprimir billetes. Esta empresa no solo imprimió boletas electorales en 2011, sino que también fue contratada en 2021 por el gobierno de Cristina Kirchner para imprimir 160 millones de billetes de 100 pesos.
Intento Fallido de Recuperar la Jubilación
Recientemente, la Justicia Federal rechazó una medida cautelar presentada por Boudou, quien buscaba la suspensión de las resoluciones de ANSES que le retiraron la asignación mensual vitalicia y ordenaron la recuperación de los fondos ya percibidos.
Boudou argumentó que comenzó a percibir el beneficio en agosto de 2020 y que la condena penal ya había sido cumplida. Sin embargo, ANSES se negó a devolverle la jubilación de privilegio, basándose en el artículo 29 de la Ley N° 24.018, que regula las pensiones vitalicias. El organismo argumentó que el "privilegio" es incompatible con haber cometido un delito en el ejercicio de la función pública.