Tras la confirmación de la condena e inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, describió la situación como un "terremoto político, histórico y judicial". En declaraciones recientes, Kicillof evitó confirmar si se mantendrá el calendario electoral previsto en la provincia, argumentando que la gravedad de la situación actual requiere análisis y reflexión.
"La verdad es que estamos en otro país en este momento", afirmó Kicillof, añadiendo que la conmoción generada por la detención de la ex presidenta ha impactado a todos los sectores políticos. Ante la insistencia sobre una posible modificación del cronograma electoral, Kicillof respondió: "No, no sé. Sé que ha pasado algo muy tremendo y que bueno, las consecuencias de toda índole las vamos a ir viendo con el paso del tiempo".
Paralelamente, Kicillof activó la maquinaria del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para expresar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Tras encuentros con funcionarios e intendentes, el gobernador instó a la solidaridad y a la calma, pidiendo a sus colaboradores que sigan acompañando a la ex presidenta "como siempre". Además, solicitó que se eviten provocaciones de la oposición.
Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, resumió la postura del gobierno provincial, calificando el fallo como "persecutorio" y "plagado de incumplimientos del debido proceso". La decisión judicial generó fuertes reacciones en la provincia, donde Cristina Kirchner había anunciado su candidatura por la Tercera sección electoral.
Kicillof decidió posponer actividades programadas del Movimiento Derecho al Futuro, incluyendo una volanteada anti-Milei y plenarios en la Sexta y la Cuarta sección. El gobernador también levantó su agenda de viajes al interior de la provincia, priorizando la gestión de la crisis política desatada tras la condena.
La Causa Vialidad y las Críticas al Proceso Judicial
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
- Falta de imparcialidad judicial: Se han señalado vínculos entre jueces y actores opositores.
- Acusaciones de lawfare: Sectores denuncian una persecución judicial y mediática.
- Violación del principio de “non bis in idem”: Argumentos sobre la duplicación de acusaciones.
- Ausencia de pruebas directas: Cuestionamientos sobre la solidez de la evidencia presentada.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba: Críticas sobre la valoración de las pruebas presentadas por la defensa.
- Celeridad inusual del proceso: Señalamientos sobre la rapidez con la que se llevó a cabo el juicio.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas: Opiniones sobre la severidad de la condena.
- Exposición mediática parcial y anticipada: Preocupaciones sobre el impacto de la cobertura mediática en la opinión pública.