En un movimiento que refleja la tensión creciente entre el sector judicial y el mundo deportivo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ha presentado un pedido formal ante el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, exigiendo que los miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF) se aparten de cualquier participación en la Asociación Argentina de Fútbol (AFA). Este llamado, que se centra en la figura del fiscal Ramiro González, quien actualmente ejerce funciones en la entidad futbolística sujeta a una megainvestigación judicial, representa un punto crítico en la discusión sobre la separación de intereses entre el ámbito judicial y el deportivo.
El pedido de ACIJ, publicado el 18 de febrero de 2026, busca garantizar la imparcialidad en el ejercicio de las funciones judiciales, argumentando que la integración de fiscales en organismos deportivos puede generar conflictos de interés. Según información reciente, al menos un fiscal, Ramiro González, ha sido identificado como participante en la AFA, lo que ha generado alarmas sobre la neutralidad de los funcionarios públicos en asuntos que involucran derechos humanos y justicia. Este caso se desarrolla en un contexto en el que la Corte de la Nación aún no ha emitido una resolución oficial sobre la cuestión.
El análisis de la situación revela un problema estructural en la relación entre el sistema judicial y los entornos deportivos. La AFA, como organización de alto impacto en el ámbito deportivo argentino, ha sido objeto de múltiples investigaciones por parte de las autoridades judiciales debido a sus prácticas en materia de transparencia y gestión de recursos. En este caso, la investigación que involucra a la AFA no solo afecta a la entidad futbolística, sino que también a la legitimidad del sistema judicial en la gestión de casos que involucran derechos humanos.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ha señalado que la integración de fiscales en entidades deportivas puede comprometer la independencia de los funcionarios judiciales, especialmente en contextos donde las investigaciones están relacionadas con delitos graves. En el caso específico de Leones, donde un conductor de 22 años fue detenido por atropellar y matar a una mujer, el hecho de que un fiscal tenga vínculos con la AFA podría afectar la percepción de neutralidad en el manejo de casos de violencia en el ámbito público.
El caso de Ramiro González, un fiscal que según fuentes cercanas está involucrado en una investigación federal sobre una megainvestigación judicial en la AFA, ha generado un debate sobre la necesidad de una regulación más estricta en la separación de intereses entre el ámbito judicial y el deportivo. La ACIJ sostiene que la participación de fiscales en entidades deportivas no solo es inadecuada, sino que también puede comprometer la confianza pública en el sistema judicial.
Este tema se entrelaza con otros casos similares en el país, como el de un conductor de 22 años detenido en Leones por atropellar y matar a una mujer, que refleja la urgencia