El día 26 de febrero de 2026, ambientalistas de Greenpeace y otros activistas realizaron una protesta en las escalinatas del Palacio Legislativo del Congreso argentino. Los manifestantes, que rechazaban la modificación de la Ley de Glaciares, se dirigieron a las instalaciones legislativas para manifestar su oposición a la reforma en curso. La acción tuvo un impacto significativo en el proceso legislativo, ya que la propuesta se tratará hoy en el Senado.
Los manifestantes, pertenecientes a organizaciones ambientales comprometidas con la preservación de los glaciares, destacaron la urgencia de proteger los recursos hídricos y la biodiversidad asociada a los glaciares. La Ley de Glaciares, que establece el régimen de uso y protección de los glaciares argentinos, ha sido objeto de debates sobre su efectividad en el contexto del cambio climático. Los activistas argumentaron que la reforma propuesta por el gobierno no considera adecuadamente los riesgos de pérdida de glaciares en las zonas de alto impacto hídrico.
La protesta, que se desarrolló en un momento crítico para el debate legislativo, generó una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo y se sentaron en inodoros en las escalinatas, una acción que tuvo un efecto visual y simbólico. Este método fue utilizado para evitar la dispersión de los activistas y mantener su presencia en el lugar.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad, se produjo una situación de tensión durante la actividad. Los manifestantes fueron detenidos por autoridades, lo que generó un escenario de conflicto entre el movimiento ambiental y las fuerzas de seguridad. La Policía, que actuó en coordinación con el Congreso, retiró a los activistas de las instalaciones, lo que generó un desplazamiento temporal de los manifestantes.
La acción de los activistas se enmarca en un contexto más amplio de protestas ambientales en Argentina. En los últimos años, el país ha enfrentado un incremento en las iniciativas para proteger sus recursos naturales, especialmente en relación con el agua y la biodiversidad. La Ley de Glaciares, que busca equilibrar el uso de los glaciares con el desarrollo económico, ha sido objeto de críticas por parte de grupos ambientales que consideran que su implementación no es suficiente para enfrentar las consecuencias del cambio climático.
El movimiento ambientalista argentino ha demostrado una capacidad histórica para actuar en defensa de los recursos naturales. Desde su fundación, Greenpeace ha sido reconocido por su compromiso en la protección de los ecosistemas globales. En este caso, la protesta en el Congreso representa un paso importante en la presión para que se adopten medidas más ambiciosas en materia ambiental.
La respuesta de las autoridades, que incluye la detención de activistas y el rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares, refleja la tensión entre el gobierno y las organizaciones ambientales. Este conflicto no solo afecta a Argentina, sino que tiene implicaciones a nivel