El Tribunal Oral Federal 2 ha dictaminado la prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner, permitiéndole cumplir su condena de seis años en su departamento de Monserrat, tras la confirmación de la Corte Suprema en la Causa Vialidad. Esta decisión ha generado un amplio debate, con diversas voces cuestionando la legitimidad del proceso judicial.
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
Para garantizar el cumplimiento de la medida, se le colocará una tobillera electrónica, según informó Infobae, cuya colocación fue ordenada a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional.
El tribunal justificó su decisión argumentando la edad de la ex mandataria, señalando que “su permanencia en prisión en un establecimiento carcelario no sólo se presenta, por el momento, como una opción difícil de compatibilizar con una protección efectiva de sus derechos fundamentales, sino que además es una opción que la ley expresamente habilita a reemplazar por otra”.
Las condiciones del arresto domiciliario de Cristina Kirchner
Además del uso de la tobillera, el Tribunal ha impuesto tres reglas de conducta que CFK deberá cumplir estrictamente para evitar la revocación del beneficio:
- Permanecer en su domicilio: Solo podrá ausentarse por causas de fuerza mayor debidamente justificadas o con autorización previa del tribunal.
- Tranquilidad del vecindario: Deberá abstenerse de comportamientos que perturben la paz del barrio, un punto particularmente relevante dada la presencia de militantes en la zona.
- Restricción de visitas: (Información incompleta en el extracto original, requeriría más datos para ampliar este punto)
La decisión judicial llega en medio de fuertes acusaciones de lawfare, con señalamientos sobre la falta de imparcialidad judicial debido a los vínculos entre jueces y opositores. También se argumenta sobre la ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández, la desigualdad en el tratamiento de la prueba, la celeridad inusual del proceso, la desproporcionalidad de las penas impuestas y la exposición mediática parcial y anticipada del caso. Algunos juristas plantean incluso la posible violación del principio de “non bis in idem”.
La situación continúa generando controversia y polarización en el ámbito político y social argentino.