El gobierno de Javier Milei ha implementado una serie de medidas de ajuste que impactan en la estructura estatal. Entre ellas, destaca la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Esta decisión, formalizada a través del Decreto 396/2025 publicado en el Boletín Oficial, busca optimizar el gasto público y centralizar funciones técnicas.
¿Qué implica la fusión del INPRES y SEGEMAR?
La fusión implica que el SEGEMAR absorberá todas las funciones, recursos y personal del INPRES. El INPRES, con sede histórica en San Juan y reconocido por su labor en la investigación sísmica, pasa a depender operativamente del SEGEMAR.
Argumentos del Gobierno
Según el gobierno nacional, esta medida se justifica en la necesidad de reducir el sobredimensionamiento del Estado, mejorar la coordinación interjurisdiccional y centralizar funciones técnicas y operativas. Se argumenta que tanto el INPRES como el SEGEMAR compartían competencias en el estudio del subsuelo, la prevención de desastres naturales y la elaboración de información técnica, lo que generaba ineficiencias y redundancias.
¿Qué pasará con el Instituto Nacional del Agua (INA)?
Además de la fusión del INPRES y SEGEMAR, el gobierno ha dispuesto que el Instituto Nacional del Agua (INA) pase a ser una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas.
Impacto y Perspectivas
La fusión del INPRES con el SEGEMAR genera debate y preocupación, especialmente en regiones sísmicas como San Juan. Si bien el gobierno asegura que se mantendrán las capacidades técnicas esenciales y que no se verán afectados los puestos de trabajo, persisten dudas sobre el impacto real en la prevención sísmica y la gestión de riesgos naturales.
El gobierno argumenta que esta medida permitirá una gestión más racional de los recursos y un desarrollo más robusto del conocimiento aplicado a los riesgos naturales, logrando una mayor efectividad en la prevención y manejo de riesgos geológicos. Se espera que la centralización de funciones y la eliminación de redundancias permitan una gestión pública más ágil, eficiente y transparente.