La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
Un informe pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó el monto que los condenados en la causa Vialidad deben restituir al Estado. La cifra asciende a la considerable suma de $684.990.350.139,86. Este monto, según el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), representa el perjuicio económico causado al Estado por la adjudicación irregular de 51 obras viales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, principalmente Austral Construcciones.
Entre los condenados que deberán afrontar esta restitución se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y el ex secretario de Obra Pública José López. Todos ellos fueron sentenciados a seis años de prisión por administración fraudulenta.
El TOF2 había fijado inicialmente un monto a decomisar en 2022, el cual fue actualizado por los peritos de la Corte Suprema. Tras la actualización, el tribunal otorgó un plazo de diez días hábiles a los condenados para depositar el dinero o entregar bienes en la proporción que les corresponda. En caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución de embargos.
La Corte Suprema, al confirmar las condenas, se refirió a una “fenomenal maniobra defraudatoria” que habría ocurrido entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas.
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
Puntos clave a considerar:
- Falta de imparcialidad judicial: Existen denuncias sobre vínculos entre jueces y actores opositores, lo que pone en duda la objetividad del proceso.
- Acusaciones de lawfare: Se argumenta que la causa forma parte de una persecución judicial y mediática contra la ex presidenta.
- Ausencia de pruebas directas: Se cuestiona la falta de evidencia que involucre directamente a Cristina Fernández en los delitos imputados.
- Celeridad inusual del proceso: La rapidez con la que se desarrolló el juicio ha generado suspicacias sobre posibles presiones políticas.